Desde el inicio de esta legislatura se está produciendo en todo el Estado una disminución de la inversión en los servicios públicos en general y en los sanitarios en particular, afectando de lleno a la atención a la Salud Mental. Además se están proponiendo modificaciones legislativas que merman el derecho a la salud, como la exclusión de la asistencia sanitaria de determinados colectivos, o tener que contribuir económicamente en el sostenimiento de los tratamientos, sobre todo en personas con enfermedades crónicas y escasos recursos económicos. En Salud Mental, asistimos a otras actuaciones que nos devuelven a situaciones que creíamos ya superadas, al menos legislativamente. Vuelve a estigmatizarse a los ciudadanos con problemas mentales, marcándolos con disposiciones y leyes específicas como si éstos necesitasen un estatus especial que requiere medidas y consideraciones más allá de las necesarias para cualquier ciudadano.
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