A pesar del loable intento por parte del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia por armonizar la normativa europea en la lucha contra el cibercrimen, la realidad es que todavía no se han producido las reformas procesales necesarias para perseguir dichos delitos y a sus autores de manera eficaz. La necesidad de modificaciones legislativas al respecto se evidencia, especialmente, en las cuestiones relativas a la entrada y registro, a los protocolos de actuación policial en la obtención de datos digitales, la cadena de custodia y, finalmente, a la prueba del documento electrónico. El presente artículo pretende poner de manifiesto tales carencias, y los problemas que ello conlleva, respecto de las cuestiones antes mencionadas, en España e Inglaterra.
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