Nuestra legislación no ha logrado erradicar, ni siquiera reducir, la práctica de la piratería. Tampoco el nuevo sistema administrativo de intervención contra ella ha tenido el éxito que el legislador le auguraba. Por ello, el actual Gobierno afronta el problema con una batería de reformas legales que se examinan en este trabajo, y especialmente la proyectada del Código Penal.
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