En este artículo se analizan las circunstancias que deben concurrir para asegurar la imparcialidad del Presidente de los Tribunales penales, los límites legales y doctrinales de la iniciativa probatoria de dichas autoridades y las consecuencias procesales que derivan del ejercicio inadecuado de tales funciones, todo ello teniendo en cuenta especialmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional.
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