El artículo analiza la nueva �y más astringente� doctrina jurisprudencial del TC en relación con lo que denomina leyes singulares autonómicas. Se toma para ello, como banco de pruebas, la STC 203/2013, de 5 de diciembre. Aunque el sentido del fallo es razonable porque se trata de evitar que las autoridades autonómicas intenten sortear el eventual control de la jurisdicción contencioso-administrativa recurriendo al expediente de aprobar una ley autonómica, el manejo que hace el TC de los conceptos es altamente discutible.
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