Se analiza la polémica doctrinal y jurisprudencial acerca de si las medidas acordadas en la ejecutoria penal sobre la suspensión de la ejecución de la pena tienen el efecto de interrumpir la prescripción de las penas, y la solución ofrecida por la sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2012.
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