La Junta Electoral Central, órgano superior de la Administración Electoral, no tuvo conocimiento exacto del cambio de criterio de la Oficina del Censo Electoral ni de la resolución ad hoc que permitió a la vicepresidenta del Gobierno votar en Beneixida en las Elecciones Generales de 2008, a pesar de haberse empadronado fuera de plazo en aquella localidad valenciana. Tanto la Oficina del Censo Electoral como el Gabinete de Vicepresidencia del Gobierno, con María Teresa Fernández de la Vega a la cabeza, eludieron en su momento el trámite de informar a la Junta Electoral Central, con el presunto objetivo de evitar el que, a todas luces, hubiera sido un escándalo preelectoral de primera magnitud, protagonizado nada menos que por la "número dos" del Ejecutivo socialista.
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