La llamada huelga de controladores aéreos, de 2010, llevó a la militarización del servicio y a la proclamación del estado de alarma. Ahora los Tribunales de Justicia, al calificar tal situación como propia de una �huelga salvaje� niegan la pretendida responsabilidad económica de AENA por daños sufridos por terceros afectados por la reacción de la Empresa pública de cierre del espacio aéreo.
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