La Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General analizó en su última reunión el Real Decreto 361/2009, publicado en el BOE de 28 de marzo, que regula la información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrifico y deroga el certificado veterinario. La organización colegial estudia la posibilidad de presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo por entender que parte de la definición que se hace del veterinario privado ("el que haya prestado sus servicios con mayor frecuencia en los últimos meses o en su defecto el que acudió a la explotación a realizar su tarea en la misma") puede conducir a situaciones indeseables para el profesional y per¬judiciales para la seguridad alimentaria.
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