La reforma producida por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, cuestiona la tradicional compatibilidad entre el derecho personal de arrendamiento y el derecho real de hipoteca al imponer como regla general la extinción del contrato de arrendamiento salvo que se hubiese inscrito en el Registro de la Propiedad.
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