No son pocas las voces, tanto doctrinales como jurisprudenciales, que consideran al legislador como responsable indirecto de estas situaciones de sobreendeudamiento familiar, señalando acusadoramente las disfunciones del sistema financiero español y la intervención interesada de las entidades crediticias, aun sin ignorar la responsabilidad que, en distinta medida y por diferentes causas, incumbe al propio consumidor.
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