El proceso de privatización de Tabacalera responde al objetivo general perseguido por el gobierno de liberalizar la economía española. Con la venta al sector privado de la participación que el estado tenía en la compañía sitúa a ésta en condiciones de poder actual en el mercado en competencia con el resto de operadoras del sector tabaquero, en un entorno abierto y competitivo. El Estado con la venta de su participación en Tabacalera ingersa 306.000 millones de pesetas y la oferta de títulos negociables en el mercado se incrementa en 96.188.092 acciones.
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