Mediante la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, sobre el derecho a la información en los procesos penales, la Unión Europea ha adoptado estándares mínimos comunes, que deberán ser traspuestos y respetados por sus Estados Miembros en lo que se refiere al derecho fundamental a ser informado sobre los derechos procesales básicos y sobre la acusación formulada contra sospechosos o acusados de haber cometido una infracción penal. De esta forma, la UE pretende contribuir a reforzar la confianza reciproca entre los Estados que la integran y, de camino, aproximar las normas sustantivas de procedimiento en tal ámbito.
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