No obstante su gran complejidad técnica, el uso del concepto de imputación se ha extendido ampliamente en el ámbito político y en los medios de comunicación social. Pese a que puede afectar decisivamente al contenido de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la defensa, a la intimidad, el honor y la propia imagen, la institución procesal de la imputación no aparece mencionada en la Constitución, no está legalmente definida en ningún precepto del ordenamiento jurídico y la praxis judicial hace de ella un uso heterogéneo y muy contradictorio. El limbo semántico en que se encuentra la imputación invita a hacer un uso social mucho más prudente del término y dado que tampoco tiene una significación penal unívoca ni unitaria, no debería servir de fundamento a un planteamiento politico binario sobre la dimisión o no de los cargos públicos imputados.
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