Los menores de edad son objeto de una protección reforzada por el Derecho penal cuando son sujetos pasivos de delitos, ya sea operando la minoría de edad como un factor de agravación de la pena, ya sea a través de la elaboración de preceptos específicos como ocurre, por ejemplo, en el contexto de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En este trabajo se analizan ambas realidades, valorando las reformas en ellas introducidas por el Proyecto de Ley Orgánica, de 20 de septiembre de 2013, por el que se modificaría la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal.
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