Las autoridades europeas de protección de datos creen que es su deber evaluar de forma independiente «en qué medida la protección prevista en la legislación de protección de datos de la UE está en riesgo y posiblemente infringida» y cuáles pueden ser las consecuencias del programa estadounidense de vigilancia PRISM y otros relacionados para la privacidad de los datos personales de los ciudadanos europeos.
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