Episodios violentos asociados al conflicto armado interno afectaron los derechos fundamentales de miles de familias campesinas obligadas a abandonar su terruño desplazándose a zonas suburbanas que rodean ciudades como: Barranquilla, Bogotá y Medellín; incrementando así el número de personas que viven en situación de extrema pobreza. En el artículo se presentan hallazgos del proyecto sobre fragilidad de la familia en contextos de conflicto armado interno, adelantado desde un enfoque histórico con respaldo en investigación documental: estudios académicos, instrumentos de política, legislación, jurisprudencia, programas e informes de seguimiento a los programas de atención a la familia desplazada a causa del conflicto. Se encontró que no es la familia la destinataria directa de los beneficios contemplados en los programas implementados durante la última década. La acción del Estado está dirigida a la persona desplazada, quien debe estar inscrita en los registros públicos para acceder al apoyo. En cambio, el hogar desplazado, caracterizado como el grupo de personas que habita bajo el mismo techo compartiendo presupuesto y comidas, es destinatario de varias acciones de asistencia. Se encontró que dentro de los derechos fundamentales para los cuales se adoptaron indicadores de goce efectivo, solo el de reunificación tiene como titular a la familia.
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