Las empresas cuya actividad representen un riesgo para el medio ambiente deberán suscribir obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil. Esta será una de las consecuencias de una nueva ley, cuyo borrador se estudia en estos momentos en el Congreso. Mientras las aseguradoras se frotan cautamente las manos, la industria se muestra crítica y los ecologistas dudan de la eficacia de la normativa.
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