Casi 50.000 familias vieron embargadas sus propiedades en 1998, lo que generó una oferta de inmuebles por valor de más de un billón de pesetas. Este peculiar mercado sigue siendo coto privado de un pequeño grupo de entidades financieras y profesionales del embargo. Un proyecto de ley, que se discute en estos momentos en el Congreso, trata de acabar con las corruptelas y profesionalizar las subastas.
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