Una normativa estatal, que obliga a los vigilantes jurados a vestir de uniforme cuando custodian edificios, como instituciones públicas o sedes sindicales o de partidos, está generando un profundo malestar en las empresas de seguridad y en medios políticos de Euskadi, que denuncian indefensión y exigen al Gobierno del PP un cambio en la legislación vigente.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados