La regulación jurídico-política de las migraciones de carácter económico-laboral ha sido una constante en la historia reciente de España. También lo son en el presente y, a buen seguro, lo serán en el futuro. Más aún en un contexto como el actual, en el que una acuciante crisis económica, de empleo y, por ende, social. sitúa a la inmigración y a la emigración en el centro del debate político y de las medidas que se toman. Es necesario analizar y comprender el modelo regulador existente para detectar sus insuficiencias a fin de que no estén presentes estas últimas en un futuro inmediato. Sobre todo, teniendo presente que emigrantes e inmigrantes son personas titulares de derechos fundamentales que se han de respetar.
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