En el contexto actual de crisis económica ha comenzado a cobrar una extraordinaria relevancia el sistema tributario como principal fuente de financiación pública. En este punto es imposible negar las constantes reformas impuestas por el Gobierno y que afectan al mismo de un modo sustancial. Tanto la DTE como las Obligaciones de información sobre bienes y derechos en el extranjero tienen una clara finalidad recaudatoria, pese a haber estado o estar dirigidas a situaciones claramente diferenciadas. Lo que se pretende en este trabajo no es un exhaustivo análisis de su régimen jurídico. Sino en lo que a la DTE se refiere, se trata de analizar determinados puntos que no han estado exentos de controversia, así como, respecto de las obligaciones de información, dar una visión clara de la magnitud y consecuencias sancionatorias ligadas a su incumplimiento. Se dejan de lado pues los problemas de constitucionalidad, sin perjuicio de menospreciar su interés en lo que a las dos figuras se refiere.
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