Este artículo traza el camino que han seguido las instituciones europeas para mejorar el acceso a una información crítica sobre sus actuaciones, concretamente la relacionada con los grupos de interés que representan a diversos organismos y corporaciones y tratan de influir en las decisiones políticas que se adoptan en el ámbito comunitario. El Parlamento Europeo y el Consejo han recorrido juntos el último tramo de este camino, aprobando en 2011, mediante un acuerdo interinstitucional, la creación del Registro de Transparencia. Añadido a otros avances que tratan de conceder a los ciudadanos más capacidad de participación y control de la política europea, el Registro de Transparencia constituye un refuerzo significativo de los derechos de ciudadanía europea.
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