La Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales plantea la estrategia de cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía para poder superar la pobreza en Puerto Rico. La Oficina de las Comunidades Especiales propone un modelo de organización comunitaria, fundamentado en los principios de la autogestión y el apoderamiento, para asegurar la participación e inclusión económica social de los constituyentes de las comunidades para mejorar sus condiciones de vida. Entendiendo la importancia de examinar los fundamentos filosóficos, conceptuales y prácticos de esta propuesta, en este trabajo se argumenta que esta política se sostiene en bases epistemológicas, teóricas y metodológicas de corte positivista, lo que fortalece el discurso hegemónico neoliberal sobre la pobreza. Se exploran algunas de las consecuencias que esto tiene para atender el asunto de la pobreza y se expone la necesidad de investigar la postura de las personas que participan en la ejecución esta política, a los fines de poder develar nuevas formas en la que se adelante una agenda de liberación social, económica y política para estos sectores.
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