En el ámbito de la Unión Europea, existe, desde el año 2002, la obligación de todas las compañías operadoras de servicios de telecomunicaciones de todos los Estados miembros de conservar los datos relativos a las comunicaciones de los usuarios a quienes prestan servicios, así como a costear el almacenamiento de millones de datos de usuarios, con el fin de colaborar en las investigaciones criminales de las autoridades nacionales de cada país. A continuación, se analiza qué sucedería si dicha obligación fuese modificada con el fin de quedar adaptada a las nuevas necesidades sociales y empresariales europeas
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