El principio constitucional de la sostenibilidad fiscal y el proyecto social para Colombia: reflexiones en torno al acto legislativo No. 03 de 2011

• Autores: Santiago Villota Romo
• Localización: Tendencias, ISSN 0124-8693, ISSN-e 2539-0554, Vol. 13, Nº. 2, 2012, págs. 36-51
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The constitutional principle of !scal sustainability and social national project for Colombia: re"ections regarding congressional Act. 03 2011
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  • español

    En la Constitución de 1991, se estableció en su Artículo 374 los mecanismos para reformarla, definiendo 3, ellos son: vía por el Congreso de la República, por una Asamblea Constituyente o por el propio pueblo mediante Referéndum. Precisamente en la primera opción se establece el Congreso de la República, al entenderlo como un escenario de la representación del pueblo. El trámite se da por medio de Actos Legislativos que es un mecanismo de reforma constitucional a uno o a varios artículos de la Constitución Política de Colombia. Precisamente el Gobierno nacional presentó un proyecto de Acto Legislativo para reformar la Constitución Política Nacional de 1991, en su Título XII del Régimen Económico y de Hacienda Pública, cuyo proyecto fue finalmente aprobado en el Congreso de la República, estableciendo el Acto Legislativo No. 3 de 2011, que establece el Principio Constitucional de la Sostenibilidad Fiscal, la reforma de rango constitucional aparece en el actual estado de cosas en el País como una estrategia que pretende que las diferentes decisiones que tienen impacto sobre gasto público nacional sean coherentes con la estabilidad macroeconómica. La realidad colombiana, luego de 21 años de entrada en vigencia de la Constitución Política Nacional, demuestra que los ingresos de la Nación y sus posibilidades reales de financiamiento para las complejas necesidades son cada vez más limitados, es así como las decisiones que implican esfuerzos fiscales avanzan por una senda insostenible de gastos y de incapacidad financiera para la obtención de recursos, poniendo en riesgo el cumplimiento de funciones del estado y con ello la materialización efectiva del modelo del Estado Social de Derecho, consagrado en la constitución de 1991.

    Los objetivos de la sociedad actual, se enmarcan en términos generales, en parámetros comunes como promover el desarrollo, la reducción de la pobreza, la eliminación de la desigualdad y la búsqueda de la justicia y la equidad generacional, ante lo cual los ingresos públicos, provenientes mayoritariamente de los tributos, no son suficientes para atenderlos, recurriendo por lo general, a endeudamiento tanto interno como externo, generando un modelo de desarrollo insostenible.

    En este esquema la insostenibilidad fiscal en un Estado de Bienestar, como el colombiano, reflejaría la imposibilidad de su Gobierno para cumplir con sus compromisos, conllevando a efectos indeseables en materia de crecimiento económico, desempleo y pobreza. Lo que significa que las generaciones futuras deberán hacer un mayor esfuerzo en materia de impuestos, con lo cual decisiones presentes que influyen en la tendencia futura de los gastos y del endeudamiento pueden faltar y fallar a la justicia intergeneracional que la sociedad demanda. De esta manera, resulta imprescindible que las decisiones en materia de gastos consulten las restricciones presupuestales presentes y futuras; es decir, que sean coherentes con el Principio de Sostenibilidad Fiscal.

    El Gobierno colombiano, con la expedición del Acto Legislativo No. 03 de 2011, que reforma la Constitución Política Nacional de 1991, involucró el Principio de rango constitucional de la Sostenibilidad Fiscal en Colombia, generando un amplio debate en torno a la estabilidad macroeconómica, la garantía y progresividad de los Derechos Fundamentales, en desarrollo del modelo constitucional vigente en el País del Estado Social de Derecho, un tema de controversia y actualidad que interesa a la comunidad académica, científica y general, por sus repercusiones frente al pacto social del 91.

    La Sostenibilidad Fiscal elevada a rango constitucional impactará las decisiones del devenir estatal, sus consideraciones y medidas determinarán la inversión pública y con ella la dinámica del desarrollo del País y sus ciudadanos, generando expectativa e incertidumbre; un tema que debe ser analizado desde diferentes áreas y perspectivas del conocimiento y del sentir social influenciado por la reforma constitucional más profunda y significativa que se ha hecho en ésta materia, a la Constitución de 1991.

  • English

    In the Constitution of 1991, was established in Article 374, to reform mechanisms, defining three, they are: track by the Congress, by a Constituent Assembly or by the people through a referendum. Precisely in the first option sets the Congress, to understand it as a setting for the representation of the people. The process occurs through legislative acts is a constitutional mechanism to one or more articles of the Constitution of Colombia.

    Precisely the national government introduced a legislative bill to amend the National Constitution of 1991, Title XII of the Economic and Public Finance, the project was finally approved in the Congress, establishing the Legislative Act No. 3 of 2011, which established the constitutional principle of fiscal sustainability, constitutional reform appears in the current state of affairs in the country as a strategy intended that the various decisions that impact on national public expenditure are consistent with macroeconomic stability . The situation in Colombia, after 21 years of enactment of the National Constitution, shows that the revenue of the nation and its possibilities of financing for the complex needs are increasingly limited, and decisions involving fiscal efforts advance on an unsustainable path of spending and financial inability to obtain resources, jeopardizing the fulfillment of state functions and thus the effective realization of the model of the rule of law enshrined in the constitution of 1991.

    The objectives of the society, are framed in general terms, on common parameters to promote development, poverty reduction, elimination of inequality and the pursuit of justice and generational equity, to which public revenues, mostly from taxes, are not sufficient to address them, often resorting to internal and external debt, generating an unsustainable development model. In this scheme the fiscal unsustainability in a welfare state, such as Colombia, reflect the inability of the Government to meet its commitments, leading to adverse effects on economic growth, unemployment and poverty.

    This means that future generations must make a greater effort in the area of taxes, which present decisions that influence the future trend of expenditure and indebtedness may be missing and fail to intergenerational justice that society demands. Thus, it is essential that decisions on expenditure consult the current and future budget constraints, ie, consistent with the principle of fiscal sustainability.

    The Colombian government, with the issuance of the Legislative Act No 03 of 2011, amending the National Constitution of 1991, involved the constitutional principle of fiscal sustainability in Colombia, generating a broad debate on macroeconomic stability, the guarantee and escalation of Fundamental Rights, in the current constitutional model development in the country�s rule of law, a subject of controversy and news of interest to the academic community, and general science, by its impact against the social compact of 91.

    Fiscal Sustainability elevated to constitutional decisions will impact future state, its considerations and determine public investment measures and with it the dynamics of development of the country and its citizens, creating anticipation and uncertainty, an issue that should be analyzed from different areas and perspectives of knowledge and social feel influenced by constitutional reform and significantly deeper than has been done in this matter, the Constitution of 1991.