Environmental taxation and industrial water use in Spain

• Autores: Jaime Vallés Giménez, Anabel Zárate Marco
• Localización: Investigaciones Regionales = Journal of Regional Research, ISSN-e 2340-2717, ISSN 1695-7253, Nº. 25, 2013, págs. 133-164
• Idioma: inglés
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Dialnet Métricas: 1 Cita
• Resumen
  • español

    Con la Ley de Aguas del 2001, la competencia sobre depuración de aguas residuales, que venían desempeñando los municipios a través del cobro de tasas, se ha encomendado a las Comunidades Autónomas, quienes deben implantar para su gestión un Canon de Saneamiento. Para determinar si este Canon racionaliza el consumo de agua, en este trabajo se estima la demanda industrial de agua en Aragón, utilizando para ello un modelo logarítmico con datos de panel en el que la variable explicativa clave ha sido el Canon del Saneamiento, además de la tasa por el suministro de agua pagada por las industrias en los diferentes municipios aragoneses, y otras variables que captan las características particulares de las empresas de la muestra y que están relacionadas con el consumo de agua. Los resultados obtenidos muestran que la reducción del consumo industrial de agua parece debida a la tributación ambiental, más que a un incremento en el coste del agua para las empresas.

  • English

    The Spanish Water Act, 2001 shifted responsibility for wastewater treatment from municipal to regional government, and as a consequence the Autonomous Communities have begun to levy a Sanitation Charge, apparently with environmental objectives. Industrial demand for water in Aragon is estimated in this paper using a double logarithmic model with panel data to establish whether regional Sanitation Charges rationalise water consumption. The key explanatory variable is the Sanitation Charge, in addition to the water supply charges payable in the towns and cities of Aragon and other variables which capture the characteristics of the firms in the sample. The reduction in water demand achieved appears to be due to the environmental charge rather than to any actual increase in firms’ water costs.