El artículo 35 de la Ley 30/1992 entronca directamente con el necesario avance en la consideración del ciudadano como tal, y no ya como mero administrado. Así, este precepto ha gozado de un considerable desarrollo jurisprudencial, que ha logrado cristalizar en realidades palpables, el catálogo de principios contenido en el mismo, habida cuenta de lo cual se puede señalar que no estamos ante una mera declaración estética carente de efectividad en la práctica.
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