Resumen de Comentarios acerca del sistema de penas en la proyectada reforma del Código Penal español
- español
Este trabajo estudia el Anteproyecto de Ley Orgánica aprobado por el gobierno para la que será la vigésimo novena reforma del Código Penal desde 1995, en concreto, en lo que afecta al Título Preliminar y el Título I. Desde una perspectiva crítica analiza los medios con que el pre-legislador se propone �fortalecer la confianza en la Administración de Justicia�, su decidida apuesta por tratar la delincuencia peligrosa o de alto riesgo mediante la prolongación de la condena, con la introducción de instituciones novedosas, la pena de prisión permanente y la custodia de seguridad, y con la modificación de otras ya asentadas en nuestro sistema, el delito continuado y la libertad condicional. Y hacerlo sin descartar su contradicción con el objetivo rehabilitador constitucionalmente reconocido a las penas y medidas de seguridad establecido, ni contrastar los efectos sobre el sistema de justicia penal en su conjunto, ni realizar un previo análisis económico que �en estos momentos de profunda crisis financiera afecta profundamente a los gastos del estado- asegure su viabilidad en términos presupuestarios, y, especialmente, sin tener en cuenta los índices de criminalidad en España, que desde instituciones y organismos del mismo gobierno que impulsa la reforma penal, se estiman reducidos y en progresión decreciente. Una reforma, pues, estimada precipitada y sobre todo, innecesaria.
- English
This research work studies the bill approved by the Spanish Government for what will be the twenty-ninth Penal Code reform, since 1995. The study specifically refers to the Preliminary Title and Title I of the draft law. It examines, from a critical perspective, the means by which the drafter propose to "strengthen confidence in the administration of justice", its strong commitment to address dangerous and high risk criminal by imposition of longer sentences, as well as introducing novel institutions such as permanent imprisonment and security custody.It also amends already established institutions such as the concept of "continued crime"and probation. These amendments are done in spite of its contradiction with the constitutional mandate of rehabilitation that all penalties and security measures must be directed to.No evaluation is done as to how these measures will affect the justice system as a whole. There is no preliminary economic analysis that--in the present financial crisis where the State ́s expenses are so deeply affected--would guarantee its viability in budget terms. Nor does it take into consideration the criminality rates in Spain, which are reducing and in decreased progression, as admitted by governmental institutions and agencies that promote the penal reform.
