Desde su fundación, el Mercosur privilegió los aspectos económicos, comerciales y diplomáticos de la integración. La creación de organismos sociolaborales no surgió de una voluntad política clara de los gobiernos, sino como una respuesta poco sistemática a las demandas de los actores sociales. Sin embargo, es cada vez más evidente que para que la integración económica sea funcional al desarrollo de las naciones, debe promover más y mejores empleos, y que la homogeneización de la legislación laboral entre los países miembro es una condición esencial para asegurar la justicia social en el Mercosur.
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