La Constitución española reconoce y protega como principio constitucional el derecho a "comunicar o recibir libremente informacion veraz por cualquier medio de difusion" (artículo 20, d). La inclusión de la "veracidad" supone un avance en la forma de entender el proceso comunicativo, porque la Carta Magna española da un paso más, obligando no únicamente a informar, sino a informar verazmente.
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