Las personas con discapacidad se enfrentan a distintas formas de discriminación que concluyen en una exclusión deliberada y en la imposibilidad de participar en la sociedad como sujetos con plenitud de derechos. Se encuentran en una desventaja social, económica, profesional y educativa que hace imprescindible una reorientación de las políticas sociales y que el Ordenamiento jurídico no se limite sólo a enunciar derechos, sino a articular medios eficaces para hacer efectivos esos derechos.
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