El caso de Alfonso Fernández, conocido como "Alfon", detenido durante la mañana de la huelga general del 14-N acusado por la policía de tenencia de explosivos y encarcelado durante 56 días, hasta el pasado 10 de enero, se ha convertido en el proceso más polémico que ha afrontado Cristina Cifuentes al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid. Una gestión que ha cristalizado en una querella interpuesta por IU a causa de las identificaciones masivas que realizó la policía a los manifestantes ante el Congreso el pasado 25 de octubre y las multas que posteriormente se les han impuesto. Erlantz Ibarrondo explica que le han "llamado la atención determinadas declaraciones desde la Delegación del Gobierno" en un caso que parte de "una aberración jurídica", ya que "el auto por el que se acordó la prisión preventiva no era legal".
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