El posicionamiento contra Baltasar Garzón por parte de ciertos magistrados de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) evidenciaba un síntoma de división en las filas de la izquierda judicial, pero no era el único. Los votos que se atribuyen a determinados vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pertenecientes a este colectivo, resultaban imprescindibles para el nombramiento del conservador juez Fernando Grande-Marlaska como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, obviando otras candidaturas como la del progresista Javier Martínez Lázaro. En el PSOE preocupa, también, la escasa reacción ante los "retrocesos" anunciados por el ministro Gallardón.
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