En la presente práctica profesional examinamos la segunda parte de la regulación legal de las conductas de las autoridades o funcionarios públicos en relación con los documentos y datos de que dispongan por motivos de su cargo o puesto de trabajo. Examinamos delitos cometidos por funcionarios y por particulares que tengan a su cargo documentos o datos confidenciales de la Administración Pública y su tratamiento penal.
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