Analiza el autor los efectos que, desde el cumplimiento del derecho a la tutela judicial, ha provocado la publicación de la Ley 10/2012, de tasas judiciales, que ha entrado en vigor el 17 de diciembre. En su opinión, si bien la generalización de dichas tasas a las personas físicas es perfectamente constitucional, ya no lo es tanto el establecimiento de unas cuotas tributarias que han duplicado su importe, pudiendo convertirse en un serio obstáculo al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24.1 de la C.E. y, por ende, en una fuente de recursos de amparo y planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, cuyo ejercicio anegará la actividad de nuestro ya sobrecargado Tribunal Constitucional.
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