La historia de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en los últimos veinte años nos muestra un considerable esfuerzo de los poderes públicos por ir introduciendo cambios normativos y adoptando medidas de asistencia y protección a las víctimas, por perfeccionar y mejorar los instrumentos de los que se disponen. A pesar de este afán, se ponen de manifiesto contradicciones llamativas, como ocurre en los casos de los quebrantamientos de la pena de alejamiento a la víctima, con el consentimiento de la misma, que voy a analizar a partir de la experiencia directa de un caso real con intervención institucional.
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