Desde la Constitución de 1978 en España se han promulgado casi una decena de leyes orgánicas dedicadas a la educación. Prácticamente ninguna de ellas se aprobó desde el consenso. Los procesos de gestión de cada una de esas leyes han puesto de manifiesto los intensos debates sociales, políticos y mediáticos que se generan cada vez que se plantea una nueva reforma educativa; y la dificultad de aproximar posiciones, sobre todo entre los dos grandes partidos políticos españoles, que abordan la educación con poco fundamento científico y proyectando una marcada ideologización maniquea sobre la educación española.
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