La represión contra los pecados de la lengua es importante objeto de atención por parte de la legislación y los tribunales de justicia en Europa desde la Baja Edad Media. En España se promulgaron severas leyes civiles y religiosas contra el delito de blasfemia con una desigual aplicación. En Cataluña los jueces laicos y eclesiásticos participaron de la política represiva privilegiando los resortes disuasorios de la coacción moral sin apenas recurrir a la coerción física.
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