Nos referimos al procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria regulado en los arts. 129 de la LEC y 234 a 236 del RH. Un procedimiento, paralizado durante 20 años por su falta de ajuste a Derecho, que el legislador todavía no se ha decidido a abrogar y que difícilmente encajará en el ordenamiento jurídico de un Estado democrático de Derecho. Las sentencias que han anulado algunos procedimientos y escrituras son testigos de lo afirmado, y los reiterados pronunciamientos de la Sala de lo Civil del TS, aún están pendientes de ser escuchados.
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