Frente al desafío de fortalecer la capacidad de gestión del Estado, se propone una serie de reformas sobre el marco de incentivos que condicionen la gestión de los administradores públicos. Definir objetivos y estrategias de cada organización, ejercer el control de la gestión, otorgar autonomía para administrar recursos humanos y materiales y establecer mecanismos de premios y castigos por el desempeño son pasos necesarios para mejorar la calidad de los servicios y la competitividad de los organismos estatales.
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