Impulsada por la actuación de sus jueces, España se había convertido en un faro para el derecho internacional y los derechos humanos. Empero, el proceso contra el juez Baltasar Garzón por intentar investigar delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo implica un gravísimo retroceso, difícil de entender y aceptar en el marco de una Constitución democrática.
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