En goteo constante, buena parte de los presidentes autonómicos del PP han comenzado a lanzar el mensaje de que "sobren representantes públicos", proponiendo el descenso del número de diputados de las cámaras regionales, mientras que el Gobierno central, por su parte, tiene en el punto de mira a ayuntamientos y concejales, que serán reducidos en más de un 30 por ciento si prospera su entención de modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). La oposición tilda estas medidas de "populismos" y, en algunos casos, de fascismo, por aprovechar el descontento de la ciudadanía con la clase política para tratar de cercenar el pluralismo y blindar el bipartidismo
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