La presente comunicación versa sobre la imputación de la persona jurídica en el proceso penal, tanto en relación con el momento idóneo para trasladar al ente tal imputación como en relación con el modo de imputarla formalmente. El análisis parte de una perspectiva garantista del proceso penal, entendido como un proceso justo y con todas las garantías, si y sólo si, se permite a la persona jurídica, presunta responsable penal, desplegar amplia y temporáneamente su derecho de defensa.
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