Lejos de ser sencilla, la atribución competencial de los macroprocesos por asuntos de alta delincuencia económica, bien a la Audiencia Nacional, bien a un Juzgado ordinario, cada año genera copiosa jurisprudencia en numerosas cuestiones de competencia ante el Tribunal Supremo que el presente artículo trata de sistematizar, a la vez que avanza algunas pautas interpretativas que recientes reformas penales han obligado a matizar, para comprender mejor la voluntad del legislador en esta manera de ordenar la competencia entre Juzgados.
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