Para el Banco Mundial, la privatización de la energía y los sistemas urbanos de purificación y distribución de agua es un asunto político de cada país. Aunque muchos países en vías de desarrollo se han plegado a los criterios de la institución, es evidente la ausencia de diálogo entre gobiernos, ciudadanos e instituciones donantes al respecto.
Dada esta situación, la máxima preocupación ciudadana es la relacionada con la equidad social del acceso al agua. El primer efecto de la privatización es el alza de las tarifas. En muchos países en vías de desarrollo entre 35 y 50 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable, y muchos temen que las privatizaciones ensanchen las desigualdades en lugar de aminorarlas.
Estas observaciones conducen a concluir que la administración privada del agua, sin explorar otras opciones, como la gestión municipal o una participación privada parcial, es inadmisible.
Sin embargo, muchos países de América Latina y África parecen convencidos de que la privatización sólo tendría efectos positivos para la población por diversas razones. En todo caso, en vista de que el agua, más que una mercancía, debe ser considerado un bien común esencial para la vida humana, las decisiones sobre su administración debería contar con el consenso de las comunidades.
The World Bank views the privatization of energy and the urban systems of water purification and distribution as a political choice of each country. While many developing nations have adopted the organization�s parameters, the lack of discussion between governments, citizens and donors is evident.
Under this circumstances, the greatest concern of the population is related to social equality in the access to water. The first effect of privatization is the rise in fares. In many developing countries, between 35 and 50 percent have no access to drinking water, and many fear that privatization will further open the social gap rather than narrowing it.
The conclusion is that a private administration of water service that does not include other options, such as municipal management or a partial private participation, should not be admissible.
However, many Latin American and African countries, for a number of reasons, seem to be convinced that privatization is the only positive option. Whatever the case, considering that water is a vital common good, decisions on its administration should be supported by the community.
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