El actual ataque a los servicios públicos, en especial la enseñanza, que nos imponen los grandes organismos internacionales no es fruto de una situación puntual, no es la conclusión de un proceso de alineación astral imposible de predecir; por el contrario, es un escenario perfectamente definido desde hace décadas. Sus bases teóricas son sólidas, sus actores están siguiendo un guión claramente reconocible cuyo objetivo es la apropiación privada del conocimiento. Su consecuencia será el incremento de la segmentación social, la exclusión y la reducción del estado del bienestar.
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