Las facultades de actuación del Protectorado que se ejerce sobre las fundaciones con la finalidad de controlar su actividad como entes de carácter no lucrativo están experimentando una evolución dirigida a incrementar sus posibilidades de intervención a través del reconocimiento de facultades de inspección y de sanción. El objetivo de este trabajo es analizar los condicionantes de esta tendencia y sus manifestaciones así como valorar las consecuencias que puede tener en nuestro derecho de fundaciones.
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