En un contexto de enorme preocupación por las dimensiones de la deuda pública, es más necesario que nunca volver a plantearse un tema que, aunque bien estudiado por la doctrina, no acaba de recibir solución. La imposibilidad del embargo del dinero de los entes públicos lastra irremisiblemente la viabilidad del sistema de ejecución de sentencias contra la Administración. Pensando en «el día después» y no tanto en la actual coyuntura, es preciso afrontar esta carencia de nuestro ordenamiento procesal.
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