El presente trabajo pretende analizar la influencia que la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Derechos de los Consumidores pueda tener sobre la selección de las técnicas o instrumentos legislativos aptos para integrar de forma armónica el Derecho Contractual de Consumo Europeo en el ordenamiento español, teniendo en cuenta la dispersión normativa todavía existente en España en la materia, pese a que dispongamos de una Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
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